La primera vez que una Administración prevé ampliar el único copago sanitario que por ahora existe en España, el farmacéutico, lanza la medida con varias vueltas de tuerca: el proyecto de ley que el Gobierno catalán presentó este martes prevé aplicar una tasa de un euro por cada medicamento de forma indiscriminada y universal, es decir, cobrará lo mismo a cualquier usuario de la sanidad pública ya sea jubilado, desempleado, mileurista o directivo de una multinacional.

Carlos Galcerán, diputado del Partido Popular (PP) en el Parlamento asturiano, ve una alta dosis de injusticia con este método recaudatorio, una fórmula que afectará a los que menos recursos tienen: «Estamos en contra. Los tiques moderadores suelen conllevar que las personas que menos recursos tienen acaben por no utilizar el servicio. Y eso nos parece enormemente injusto».

Aseferma, dedicada al asesoramiento en gestión de farmacias, cree que es una medida "nada acertada", presentada como tasa cuando, en realidad, es un "copago encubierto" para el que Cataluña "carece" de competencias.

"Al aplicarse de forma indiscriminada sobre toda la población -dice Aseferma en una nota-, creará situaciones de profunda injusticia social, especialmente con los pensionistas, que son los mayores consumidores de recetas".

Augura también que muchas farmacias se verían obligadas a asumir los "costes indirectos" de la medida por el rechazo que generaría el cobro de ese euro entre los pacientes.

Por su parte el conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha asegurado que la Administración valenciana "de momento" descarta la aplicación de una medida como la adoptada por la Generalitat catalana para cobrar un euro por receta médica por considerar que no van a "conseguir nada a corto plazo con ella".

Rosado, que se ha expresado de esta manera en rueda de prensa, ha apuntado que el próximo Gobierno central convocará a los consejeros autonómicos de Sanidad para "tomar decisiones conjuntas, que es lo que hay que hacer para no desequilibrar el modelo del Estado".