La ministra reconoció que la actual legislación, que entró en vigor en enero del 2006, tiene «muchas lagunas en su aplicación» y que el «carácter disuasorio que tuvo en sus inicios», pues dejaron de fumar alrededor de un millón de personas, no se ha visto completado con el paso del tiempo. Además, expuso que una de las principales razones para llevar a cabo más restricciones es que «las personas que fuman utilizan más los servicios sanitarios y consumen más fármacos, lo que aumenta los gastos sanitarios y farmacéuticos».

Jiménez se solidarizó con el clamor de numerosas organizaciones sociales, científicas y de pacientes que piden que se prohíba fumar en todos los establecimientos públicos. Por ello, afirmó: «Estamos preparados para plantearnos ampliar los términos de aplicación de la ley».

Según la normativa actual, los propietarios de los establecimientos de menos de cien metros cuadrados de superficie deciden si se puede fumar o no en su interior. En los locales más grandes, tienen que estar separadas las áreas de fumadores. Pero según los datos que manejan ministerio y organizaciones sociales, solo 40.000 de los más de 350.000 locales de ocio existentes están libres de humo o cuentan con compartimentos estancos para los fumadores.

Sin embargo, la ministra no precisó ni cuándo ni cómo se va a llevar a cabo la modificación de la actual ley. Eso sí, señaló que se encuentra a la espera de que a finales de este año se termine un informe de evaluación del cumplimiento e impacto de la normativa, que el Gobierno está llevando a cabo tras una petición de todos los grupos parlamentarios producida el pasado 18 de junio. Este informe tendrá que ser estudiado por la Comisión de Sanidad parlamentaria.

La afirmación de que la sociedad española está preparada para que se prohíba fumar en todos los locales públicos está avalada por varias encuestas. Una de las últimas fue presentada el pasado mes de mayo por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que revelaba que el 71% de los españoles están a favor del endurecimiento de la actual ley. Además, el 81% piensan que ha sido un acierto para la salud de los españoles y el 68% creen que los espacios libres de humo pueden ayudar a deja de fumar. Es más, esta encuesta asegura que el 50% de los fumadores también están a favor de una ley más severa. También es significativo que solo uno de cada cuatro fumadores opina que el humo no perjudica a los niños.

Según los datos de la Semfyc, en España mueren al año cerca de 60.000 personas por tabaquismo activo y otras 6.300 por el pasivo. De hecho, ambas actuaciones son la primera y la tercera causa, respectivamente, de mortalidad evitable en los países desarrollados.