Los resultados de la investigación,  realizada por la Escuela de Salud Poblacional de la Universidad de Queensland (Australia) y publicados en Heart, advierten de la necesidad de imponer estos controles para minimizar el riesgo de ataques y otros problemas cardíacos, ya que, recuerdan, comer demasiada sal eleva la presión arterial.

Además, la intervención del Estado es necesaria, según el estudio y más en tiempos de crisis, por tratarse de un asunto que afecta a los recursos que se invierten en la la sanidad pública.

La publicación muestra que, cuando las firmas de alimentos redujeron el contenido en sal voluntariamente, los índices de ataques al corazón cayeron aproximadamente un 1%. Una de las participantes del estudio, Linda Cobiac, dice que “si confiamos en las empresas para que reduzcan voluntariamente el contenido en sal, obtendremos un pequeño beneficio, pero los beneficios de reducciones obligatorias serían 20 veces mayores”.

La OMS calcula que una disminución del 50% del contenido de sal en los alimentos que procesa la industria alimentaria y los que se elaboran en restaurantes reduciría entre 2,5 y tres millones el número de víctimas mortales por ataques coronarios y vasculares.

En Australia, el 94% de los hombres y el 64% de las mujeres come más sal de la recomendada, unas cifras similares a las de los estadounidenses. “Cuando es algo tan excesivo, tiene sentido que el Gobierno tome medidas”, considera Linda Cobiac, quien recuerda que esta medida “supone un ahorro de costes en sanidad para el Gobierno a largo plazo”.

Además, esta legislación es necesaria porque confiar en que las personas tengan autodisciplina en el consumo de sal “es el método menos eficaz”, ya que reduce las enfermedades cardiacas en apenas un 0,5%.