Las farmacias se rebelan contra los impagos en tres autonomías
Por primera vez en 28 años, la Junta acumula impagos de más de dos meses. El Gobierno de María Dolores de Cospedal (PP) comunicó al sector que no podía abonar todas las facturas y le emplazó a adelantar una quinta parte del dinero (23 millones). El resto llegará a cuentagotas a través de un plan de saneamiento. "Ni sabemos cuándo cobraremos ni podemos seguir financiando a la Administración", afirmó Dolores Espinosa, presidenta de la patronal regional Fefcam.
Los farmacéuticos alertan: si no cobran, las reboticas se vaciarán y los clientes se quedarán sin sus medicamentos. Castilla-La Mancha, donde se extienden casi cuatro millones de recetas mensuales, no es un caso aparte.
"Esto no había pasado nunca: ahora [las Administraciones] te dicen directamente que no pueden pagar", explica Fernando Redondo, presidente de la patronal nacional Fefe, que aglutina al 60% de las 21.800 farmacias españolas.
La situación, asegura, es alarmante, aunque todavía no ha provocado que las estanterías se vacíen (las boticas tienen existencias para 15 días). El sector mueve al mes 975 millones y teme que los impagos propicien que se extienda el modelo de Murcia.
En vísperas del 22-M, el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel (PP) pidió a los empresarios un "esfuerzo" que pasaba por aceptar créditos de Cajamurcia y Cajamar para cobrar las facturas. Los boticarios avalaron con sus propiedades los préstamos de una deuda de cinco meses (200 millones). La deuda de Murcia, de 2.016 millones, registró un incremento este año del 51,4%.
El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá (PP), farmacéutico de profesión, estrenó el cargo con las protestas de sus colegas. Las 418 farmacias de las islas arrastran una deuda de 35,9 millones (85.000 euros de media por oficina). Como en el caso de Castilla-La Mancha, el dirigente culpa a su antecesor socialista. "No podemos acudir a los bancos porque no se fían", ha llegado a decir Bauzá. El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Antoni Real, tilda la situación de "insostenible".
El pasado año, los despachos colgaron carteles denunciando los impagos. La presión surtió efecto: Bancofar y Caja Madrid concedieron créditos a interés cero. Ahora, el colectivo votará qué hacer si no hay respuesta. Se plantean, incluso, cerrar las oficinas.
El Gobierno de La Rioja ha sido el último en anunciar a sus boticas que no cobrarían el último mes. El presidente de la patronal de esta región ha declinado responder a EL PAÍS. Fuentes empresariales admiten que realizar declaraciones en prensa en plena negociación puede resultar contraproducente.
Fuente: El Pais
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