Las medicinas seguirán siendo gratuitas para

  • Ciudadanos con pensiones no contributivas
  • Quienes perciban rentas mínimas de inserción
  • Parados que hayan agotado su prestación de desempleo

Pagarán el 10% de los medicamentos hasta un máximo de 8 euros al mes los pensionistas con ingresos menores de 18.000 euros anuales, es decir, exentos de hacer la declaración del IRP.

Pagarán el 10% de los medicamentos hasta un máximo de 18 euros mensuales los pensionistas con ingresos anuales superiores a los 18.000 euros.

Pagarán el 60% de los medicamentos hasta un máximo de 60 euros mensuales los pensionistas con ingresos anuales superiores a los 100.000 euros.

Pagarán el 40% de las medicinas, como hasta ahora,

  • Los activos con ingresos menores de 18.000 euros
  • Las familias numerosas
  • Enfermos crónicos

Pagarán el 50% de las medicinas el resto de los activos.

Pagarán el 60% los activos  con rentas superiores a los 100.000 euros anuales.

Os dejo este cuadro por si todavía no lo tenéis claro:

Ana Mato quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, asegurando que la sanidad seguirá siendo pública, gratuita y universal y que medidas de este calado, que como han hecho otros ministros, dijo que al Gobierno no le ha gustado tomar, permite su supervivencia y sostenibilidad.

Al explicar la medida, la titular de Sanidad recordó que "España es el segundo país del mundo con mayor consumo de medicamentos" y consideró que existe un sobrecoste para el sistema "derivado de un uso inadecuado de los mismos". Como ejemplo puso las 3.700 toneladas de medicinas recogidas el año pasado en los puntos SIGRE "con un coste de 1.200 millones de euros", según sus datos.

Mato aseguró que no se trata de una medida recaudatoria -"apenas supondrá 1.5 puntos de la factura"-, sino más bien disuasoria. Su previsión es que empiece a funcionar en un plazo de dos meses, aunque no aclaró técnicamente cómo se hará un proceso de identificación que ahora no cruza datos de renta en las tarjetas sanitarias.

El proceso de ajustes en farmacia se completará con el establecimiento de la central de compras anunciada, con un ahorro previsto de entre el 15 y el 50% frente al sistema de compras individualizado para cada Comunidad Autónoma, algo más de 1.000 millones de euros. Además, seguirán fomentándose los genéricos para rebajar el precio de los fármacos, para lo que, según dijo, ya está en conversaciones con la industria.

Otros 1.000 millones de euros procederán del control del llamado turismo sanitario tanto de europeos como de otros países extracomunitarios, que costó esa cantidad el año pasado al erario español. Según el Ministerio, casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros. Para ello se ha acordado adaptar correctamente a España la normativa europea relativa a la atención a ciudadanos extranjeros en el SNS que prohíbe de forma explicita desplazarse únicamente en busca de atención sanitaria. En segundo lugar, modificar la Ley de Extranjería para clarificar los límites del aseguramiento para extranjeros.

La reforma sanitaria garantizará, asimismo, una cartera básica de servicios del SNS, que asegure que todos los españoles, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad.

Aunque su contenido se discutirá en el próximo Consejo, los responsables autonómicos ya han decidido establecer categorías:

  • Cartera común básica de servicios asistenciales. Incluirá, como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública.
  • Cartera común suplementaria. Incluirá las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario. En ese capítulo se prevé unificar el criterio de participación de los usuarios en productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos y transporte sanitario no urgente.
  • Cartera común de servicios accesorios. Incluirá las actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías. Por ejemplo, cosméticos para pacientes con enfermedades raras.

La Agencia de Evaluación de Tecnologías será la encargada de determinar la ordenación de la cartera de servicios. Estas mejoras permitirán maximizar la eficiencia y generar un ahorro de unos 500 millones.

Finalmente, el Consejo ha acordado elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud. El objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios. Además, se regulan las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades. Por ejemplo, la cirugía cardiaca infantil. Estas medidas permitirán una eficiencia de 470 millones de euros.

El objetivo del Plan de Reforma del Sistema Nacional de Salud es general generar un ahorro que supere los 7.000 millones de euros. Es decir, en torno a un 10 por ciento del gasto sanitario público, un compromiso que tendrán que llevar a cabo las propias comunidades autónomas, competentes en esta materia.

Todos los consejeros y consejeras arroparon este miércoles a la Ministra Ana Mato en la rueda de prensa posterior a la reunión. Todos menos la consejera de Andalucía, María Jesús Montero, que rechazo la modificación del copago por entender que es la antesala de "desmantelamiento el Sistema Nacional de Salud".

Rafael Bengoa tampoco apoyó esta medida, porque "va a afectar sobre todo a los pacientes crónicos", dijo y aseguró que existen alternativas. Por su parte el consejero de Cataluña, Boi Ruiz, la consideró buena, pero insuficiente, dados los problemas financieros en las sanidades autonómicas. Eso sí, no aclaró si, una vez modificado el copago, el gobierno catalán retirará la tasa de un euro por receta, o si va a aplicar los dos.