La decisión fue hecha oficial en un documento firmado por la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Kathleen Sebelius.

Se ha tomado la medida para evitar que suceda lo mismo que la última vez que el gobierno realizó una campaña masiva de vacunación contra una nueva forma de gripe, en 1976, cuando miles de personas presentaron demandas porque, según dijeron, sufrieron efectos secundarios.

Desde los años 80, el gobierno protege a los fabricantes contra demandas judiciales por el uso de vacunas infantiles. Una corte federal maneja esas reclamaciones y decide quién deberá ser compensado con dinero de un fondo especial.

El documento que Sebelius firmó el mes pasado les da inmunidad legal a quienes están trabajando en la nueva vacuna contra la gripe porcina, bajo el amparo de una ley del 2006 sobre emergencias sanitarias. También prevé que se cree un fondo de compensaciones, si hace falta.

El gobierno toma este tipo de medidas para alentar la creación de vacunas y el método ha funcionado.