Dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y quiere expresar el profundo malestar del colectivo profesional contra esta nueva agresión que pone en peligro la viabilidad financiera de muchas farmacias en España.

 

El COFM solicitará por ello al Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCF), si se materializan estas medidas,  acciones contundentes - sin descartar ninguna- en protesta por los nuevos recortes que se suman a las 16 medidas aplicadas desde el año 2000 a la farmacia y que han convertido a este sector en el principal pagano de la insuficiente dotación presupuestaria de la Sanidad.

 

Lejos de garantizar la sostenibilidad del sistema público, el Gobierno de nuevo obliga a los laboratorios, distribuidores y farmacias a financiar la Sanidad en su conjunto, cuando muchas farmacias y pequeñas empresas están ya al borde de la quiebra. Esta situación es inconcebible, máxime si se tiene en cuenta la enorme deuda que arrastra el Sistema Nacional de Salud con sus proveedores y los impagos de la factura de recetas que están sufriendo las farmacias españolas desde el mes de mayo, que podrían generalizarse a partir de septiembre en España y que podrían provocar desabastecimientos de medicamentos.

 

La principal solución aportada por el Gobierno para ahorrar en medicamentos a través de la prescripción por principio activo (PPA), no se ha mostrado sensiblemente más eficiente que la actual política de prescripción que se sigue en la Comunidad Autónoma de Madrid  y será una fuente de conflicto permanente en las consultas médicas y en las farmacias al imponerse esta medida por ley, lo que abrirá una brecha en la relación de confianza entre los profesionales sanitarios y los pacientes.

 

Desde un punto de vista sanitario, la PPA supondrá un mayor esfuerzo de todos los profesionales, con el fin de evitar que la adherencia a los tratamientos sea un obstáculo para los pacientes, sobre todo los polimedicados.

 

Otra medida que supone un claro perjuicio económico para el sector sin que contribuya a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud es el recorte del 15 por ciento de los precios de los medicamentos que llevan más de diez años en el mercado y que no cuentan con un genérico porque los fabricantes no han encontrado suficiente incentivo comercial en muchos casos. Esta nueva reducción de precios, que se suma a la aplicada en 2010, incide en el 33% por ciento del mercado total. Se trata de una política agotada que condena a desaparecer a muchas marcas que ya tienen tarifas ajustadas, lo que provocará un desplazamiento de la prescripción hacia tratamientos de mayor precio.

 

Asimismo las autoridades sanitarias están promoviendo los sistemas personalizados de dosificación de medicamentos sin explicar su alcance y sin tener en cuenta que esta dispensación exige una mayor disponibilidad de tiempo y de recursos por parte de los farmacéuticos. El COFM está dispuesto a colaborar en esta política siempre que se retribuya adecuadamente su actuación profesional.

 

Por último, el Gobierno ha prometido un plan de ayudas a las farmacias situadas en municipios de menos de 1.500 habitantes sin concretar su contenido, y sin tener en cuenta que hay farmacias de barrio igualmente comprometidas en su viabilidad como aquellas  otras farmacias que anuncia el Gobierno.

 

El Ministerio de Sanidad ha actuado una vez más de forma improvisada, quizá motivado por la presión de las Comunidades Autónomas, confundiendo medidas de ahorro, no cuantificadas con rigor, con la  viabilidad de las empresas. En todo caso, hemos de apostar por un uso racional y una gestión eficiente en el conjunto del SNS, sin presionar únicamente a proveedores del Sistema que no van a poder mantener ni la presión que viene ejerciendo en materia de  precios, que se traduce en menos margen, ni la calidad del servicio que hoy reciben los beneficiarios del SNS.