No es una ley de eutanasia ni contempla el suicidio asistido, materias sobre las que sólo puede legislar el Estado, pero es la primera normativa en España que establece un protocolo para ordenar los derechos de los pacientes terminales y las obligaciones de los profesionales que los atienden.

La ley consagra la declaración de voluntad vital anticipada de los ciudadanos y reconoce el derecho a recibir información clínica veraz y comprensible que le ayude en la toma de decisiones, a recibir tratamiento para el dolor, incluyendo la sedación paliativa y a rechazar o paralizar cualquier intervención.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, calificó la Ley de «vanguardista, valiente y sensible»,y apuntó que el texto recoge el derecho de los pacientes terminales que tengan que ser hospitalizados a una habitación individual.

Sin embargo, los derechos y obligaciones recogidos en esta Ley, para materializarse, requieren de medios clínicos apropiados y una exquisita aplicación de las buenas prácticas médicas o de otra manera quedarán reducidos a un catálogo de buenas intenciones.

El Gobierno andaluz defiende que con esta ley se solventan situaciones como la vivida en 2007 con Inmaculada Echeverría, cuando la Orden Hospitalaria San Juan Dios pidió su traslado del Hospital San Rafael de Granada a otro centro de titularidad pública una vez se autorizó la desconexión de la ventilación mecánica que la mantenía con vida.